Empleo mantendrá abiertas todas las vías de diálogo con los agentes sociales hasta que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente la reforma laboral. Un día después de vencer el plazo para que empresarios y sindicatos profundizaran en un pacto sobre la reforma laboral, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, trabaja intensamente en el anteproyecto de ley de reforma del mercado laboral, según han informado fuentes del ministerio. Aunque no hay prevista ninguna otra reunión, la comunicación seguirá abierta hasta que se apruebe definitivamente el texto del anteproyecto de ley que deberá presentarse en el Congreso en el primer trimestre.

Sin embargo, fuentes de UGT han subrayado que su posición no ha cambiado y han insistido en que no ha habido nada nuevo desde que el pasado martes sindicatos y patronal entregaran el documento con las materias en las que habían alcanzado un acuerdo y en las que no fue posible. Las mismas fuentes han dicho que por parte de UGT siempre ha habido voluntad de negociar, pero que este sindicato ya ha cumplido con lo que pidió el Gobierno al presentar el citado documento el martes y que a partir de ahora es el Ejecutivo quien debe decir lo que quiere.

UGT no ha pedido formalmente al Gobierno ninguna reunión, según estas fuentes, algo que sí lo ha hecho el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien ha demandado al Ejecutivo que convoque urgentemente a los agentes sociales para explicarles directamente qué reforma laboral quiere hacer y en qué tiempo. Para Toxo, todavía hay plazo para negociar ya que el anteproyecto de ley debe enviarse al Congreso en el primer trimestre.

El secretario general de CCOO ha asegurado que desconoce qué tipo de reforma hará el Ejecutivo, después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, haya descartado un contrato de crisis con una indemnización de 20 días por año trabajado. Toxo cree que el Ejecutivo generalizará el contrato de fomento del empleo vinculado a una indemnización por despido de 33 días, aunque ha asegurado que la única referencia laboral que tiene son las 71 enmiendas que presentó el PP en la oposición a la reforma del anterior gobierno socialista.