Mirados con lupa

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Diego Caballero

Los cuatro ejes en los que pivota la acción del Gobierno buscan la lejanía del déficit, el equilibrio en todas las cuentas de la administración para que no se gaste más de lo que se ingresa y reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero que permitan recuperar la confianza de los inversores y de la UE. El panorama laboral que dibuja el Banco de España para este año es especialmente sombrío

Si el titular de Economía, Luis de Guindos, se inclina por un contrato único y critica el sistema de negociación salarial, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se limita a señalar que buena parte de los cambios que introducirá en el mercado laboral se encuentran recogidos en las 71 enmiendas que el PP presentó al proyecto de ley de reforma laboral que el anterior Ejecutivo llevó al Parlamento a mediados de 2010. Una de ellas limita el derecho de huelga al prohibir una protesta sindical incluso cuando se negocia un nuevo convenio, si el anterior está todavía vigente, y otra, en su afán por flexibilizar la contratación, refuerza el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT) y permite que puedan ser colaboradoras incluso del Estado. En las más destacadas se propone una mayor flexibilidad para cambiar los horarios o las condiciones del trabajo y la generalización del contrato de fomento del empleo, que establece un despido de 33 días por año trabajado por despido improcedente. Se pretende además regular un procedimiento general de descuelgue de convenios colectivos mediante acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores o dotar de mayor flexibilidad interna a la empresa. Para los expertos, sin embargo, en esta ocasión tampoco se creará empleo dado que el mercado laboral es resultado de la situación económica en que se encuentre el país y de su modelo productivo.

Rajoy insiste en pedir la colaboración de los agentes sociales para que se orienten en la misma dirección, en favor de la creación de empleo. “He pedido a los agentes sociales en público y en privado que hagan un esfuerzo, porque no es un problema del PP, sino de toda la nación”, ha dicho, para añadir que “en los momentos difíciles todos tienen que remar en la misma dirección”. El presidente del Gobierno subraya que las dos últimas reformas laborales, que solo contaron con la abstención del PP, no han sido suficientes, por lo que considera preciso aprobar una modificación del mercado laboral mucho más eficaz.

Precisamente en un momento especialmente delicado, con los indicadores en negativo. La tasa de paro escalará hasta el 23,4 por ciento este año y se reducirá de modo muy marginal el siguiente si España no acomete una reforma ambiciosa del mercado laboral, especialmente en lo concerniente a los mecanismos de contratación y negociación colectiva, así como al establecimiento de pautas para moderar en mayor medida los aumentos salariales en dos años. La advertencia procede del Banco de España, que en su último boletín económico recoge que con medidas decididas en estos ámbitos se contribuirá a mitigar el coste, en términos de empleo, del descenso previsto de la actividad, se impulsará la competitividad y la productividad de la economía y se mejorará la percepción sobre la sostenibilidad del endeudamiento externo de España.

El panorama laboral que dibuja el Banco de España en ausencia de reformas es de nuevo sombrío, cuando a final de año se había alcanzado ya la cifra de 5.273.600 parados. El empleo registrará una contracción cercana al 3 por ciento y la tasa de paro subirá casi dos puntos. Sus proyecciones apuntan a un retroceso del empleo en una media anual del 0,7 por ciento. Solo empezará a crearse trabajo neto en la segunda mitad del próximo año. La institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez estima que el trabajo en el sector público disminuirá con cierta intensidad como consecuencia de la congelación de la oferta de empleo, la reducción del sector público empresarial y la simplificación y racionalización de la estructura administrativa del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El ajuste afectará con notable intensidad al sector privado. Desde esta entidad se argumenta que si se pusieran en marcha medidas efectivas para adecuar la remuneración de los puestos de trabajo a su productividad y, en general, para permitir que las condiciones laborales en un sentido amplio pudieran adaptarse a las necesidades específicas de las empresas, el resultado sería una anticipación e intensificación de la generación neta de empleo en el sector privado de la economía, según Europa Press.

Los sindicatos y la patronal han pedido más tiempo para alcanzar acuerdos sobre los cuales se pueda legislar pero el Gobierno se ha negado. Con la prima de riesgo oscilando en torno a los 365 puntos básicos y en el punto de mira de los mercados, la reforma laboral forma parte de un amplio paquete de medidas que se reclama a España desde la Unión Europea (UE), con la esperanza de equilibrar las finanzas del país y recuperar la confianza de los inversores internacionales. Las negociaciones siguen sin avanzar en aspectos esenciales como la contratación y la negociación colectiva. Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), los mayoritarios, llegaron a aceptar que los salarios aumenten menos que la inflación en los próximos dos años, y a partir de 2014 volver a corregir el desajuste, pero los empresarios se mostraron inflexibles respecto a la congelación que pretendían, aunque a última hora aceptaron un incremento salarial de hasta el 0,5 por ciento en 2012 y el 0,6 el año siguiente.

La patronal, en lo que respecta a la contratación, busca un nuevo modelo que rebaje la indemnización hasta los 20 días por año trabajado, un recorte que las dos mayores centrales sindicales rechazan. De la misma manera que la pretensión de introducir la posibilidad de descuelgue de los convenios ante condiciones adversas, así como el fin de la ultraactividad, lo que implica que los convenios colectivos permanezcan activos aunque su plazo haya expirado, siempre y cuando no se llegue a un nuevo acuerdo. Parece haber consenso en cambio en asuntos menores como la solución extrajudicial de conflictos, la gestión de mutuas y absentismo, racionalización de festivos, jubilación anticipada y prejubilación, formación y bonificaciones y reposición de prestaciones en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Cándido Méndez, secretario general de UGT, revela que han propuesto a las organizaciones empresariales la creación de un fondo de capitalización, subvencionado con el dinero que suele darse a las empresas en concepto de bonificaciones a la contratación, para que puedan pagar con él parte de las indemnizaciones por despido, pero siempre y cuando exista un compromiso con el empleo estable. También que durante 2012 y 2013 se puedan convertir contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable, sin que el tiempo trabajado como temporal compute a efectos del cobro de la indemnización por despido.

Ante la disyuntiva de crecimiento salarial o mantenimiento del empleo, las centrales se quedan con la segunda opción. Méndez denuncia que las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno han venido a dificultar la negociación salarial debido al “tajo” que va a suponer para los trabajadores la subida del IRPF. Desde UGT se muestran muy prudentes respecto a la posibilidad de que lo que lleven los agentes sociales al Gobierno sea suficiente para Rajoy o incluso puede que lo pactado no coincida tampoco con lo que al final se viene exigiendo desde fuera.

Desde el Consejo Europeo, su presidente, Herman Van Rompuy, no deja de emplazar al Gobierno a acometer cuanto antes la reforma del mercado laboral al entender que, con una tasa de paro superior al 20 por ciento, es algo que no solo es necesario, sino que es una emergencia. Durante su estancia en Madrid aprovechó para trasladar a todos los países de la UE la necesidad de aprobar planes de empleo que serán vigilados de cerca, no sin antes elogiar el cuadro de ajustes y de reformas impulsado por Rajoy desde que asumió el poder. “Su firmeza y el fuerte apoyo popular que tiene dan esperanza para el éxito de su empeño”. A juicio de Van Rompuy, España está trabajando en la dirección adecuada y en este sentido valora de forma especial la reforma constitucional pactada el pasado verano por PP y PSOE para introducir un techo de gasto y endeudamiento de las administraciones públicas, medida que ahora deberán aprobar los países del euro que no la tengan en su normativa. Van Rompuy afirma que España y Bruselas comparten una misma visión para restaurar la confianza de las economías europeas. Por último quiso hacer hincapié en que la austeridad no es suficiente para salir de la recesión, por lo que las políticas de ajuste deben complementarse con otros planes de crecimiento y generación de empleo.

Los ministros de Economía de la eurozona han reclamado igualmente al nuevo Gobierno que adelante la reforma laboral para combatir el nivel inaceptablemente alto de paro y que apruebe cuanto antes el presupuesto de 2012 con el fin de cumplir los objetivos de ajuste fiscal. “La rápida adopción de la ley de presupuestos de 2012 es de la mayor importancia”, explicó el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, al término de la reunión ministerial.

“Espero que las autoridades españolas concreten las medidas anunciadas recientemente para restaurar la sostenibilidad fiscal, que avancen rápidamente en la preparación del presupuesto de 2012 y que adelanten la reforma del mercado laboral para combatir el nivel inaceptablemente alto de paro, especialmente el juvenil”, insiste el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. “Hemos respaldado los esfuerzos del Gobierno español para garantizar un control más estricto sobre los presupuestos de los gobiernos regionales para evitar que se repitan las desviaciones significativas que se produjeron el año pasado”, ha indicado Juncker.

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