La crisis actual manifiesta unos comportamientos auténticamente macabros. Quizás el mayor de ellos es que no suelta de una vez por todas todo aquello que tiene que decir, sino que lo va administrando a poquitos. Hoy un susto, mañana otro, pasado mañana… ya veremos.
Eso condiciona la reacción de los gobiernos afectados y, sobre todo, machaca la moral de los ciudadanos de esos países que, sin ser culpables ni responsables, son las víctimas. Y los ciudadanos tienen una parte principal en la recuperación, pues si recuperan, a su vez, la confianza en su propio país, el consumo volverá a funcionar. Así, la mitad del camino estaría recorrido.
El problema está en señalar de una vez por todas el momento en el que las condiciones son las apropiadas para iniciar la recuperación. Un día son las agencias de calificación gringas, otro un dato de tal o cual organismo europeo o nacional, otro las distintas y contrarias opiniones vertidas desde ministros de un mismo gobierno.
La pasada semana hemos conocido el último golpe, esta vez proveniente de Bruselas, como en tantas ocasiones...
Ahora nos anuncian los distinguidos eurofuncionarios, los que siempre tienen su “eurosúpernómina” asegurada, que van a multar a España, con una cantidad “millonaria” por registrar varios incumplimientos en materia de desequilibrios, según los criterios de la Unión Europea. Y es más, anuncian que van a instar un procedimiento sancionador, por valor, como se ha dicho, de varios millones. Todo parece haber surgido de un paquete de medidas aprobado el pasado mes diciembre para la mejora del comportamiento de los gobiernos de la Unión Europea.
Irlanda, Portugal, Grecia y Chipre, están, junto a España, en el selecto grupo de países justiciables.
Dicen los burócratas europeos que España ha incumplido, en cuanto al exterior, sus compromisos en balanza comercial, inversiones netas y exportaciones. Y, en cuanto al interior, deuda del sector privado, deuda pública y desempleo. Vale, podría ser, pero ¿por qué no lo dicen de una vez por todas?
Españoles, a pagar
Si la Unión Europea castiga finalmente a España, esa sanción la vamos a pagar todos los españoles sin que la inmensa mayoría hayamos tenido que ver en el roto origen de la sanción. Pero, ¿y los que son responsables y culpables de todo ese desaguisado? ¿van a pagar?
José Luis Rodríguez Zapatero cobrará, de por vida, su pensión de expresidente y, además, su sueldo de consejero del Estado. Eso, ¿es en premio a su acertada gestión como presidente del Gobierno? Aterra pensar qué hubiera ocurrido si lo hubiera hecho bien. Al igual le regalan las islas Canarias.
Por todo esto, al igual que ocurre en las empresas, las deudas derivadas de una mala gestión deberían pagarlas los políticos responsables de las misma O, “es que no somos todos iguales ante la Ley”, según se recoge en la Constitución española aprobada en referéndum en 1978. Y los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real, también.