Sábado, 24 de marzo de 2012
Intrusismo laboral

Falsos detectives

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Juan Carlos Arias

Los detectives españoles con licencia, colectivo que aglutina a casi 3.000 titulares y da empleo a unas 5.000 personas, forman parte de un gremio huérfano. Ninguneados por los poderes públicos, los detectives legales sobreviven como autónomos mientras proliferan los avispados que tiran de placa, ilegal, para acaparar el mercado a precios irrisorios.

El olfato y aliento policial pisa los talones a los detectives que indagan delitos en películas de Hollywood. La realidad española es muy distinta. Los investigadores privados sólo tienen relación administrativa con los públicos. El vínculo emana de Ley de Seguridad Privada 23/92 (LSP) y Reglamento que la desarrolló en 1994, aunque está modificado incontables veces. Los sabuesos patrios trabajan más cerca de las togas judiciales. Reivindican una ley o decreto que ampare su independencia y praxis.  

No obstante, algunos detectives, orgullosos de su licencia, dan pistas a policías con talento. Una historia real, centrada sobre detectives de pacotilla, alentó una brillante operación policial que inspiraron los de verdad. Rafael P. y María J. —detectives con licencia—sospechaban de unos impostores escondidos tras una red de empresas que les tumbaban clientes a precios de saldo al sur de Cádiz. La ‘agencia’ estaba en el edificio Almanzor-B3, Polígono Las Menachas algecireño. En dicha sede radicaban Iceman Control S.C. y Blackmant Control SL. Las mismas acumulaban importantes sanciones como empresas ilegales de seguridad privada y por deudas de impagos a Hacienda y Seguridad Social. 

Alpuseprot era el nombre de la pseudoagencia detectivesca, aunque usaba otros nombres y sedes para esquivar inspecciones. Ofertaba, entre otros servicios, vigilancias no uniformadas, informes laborales, sobre delitos privados, fraudes, divorcios, herencias y dictámenes criminológicos.

Hacía ver a su clientes que estaba autorizada por la Junta de Andalucía bajo la inexistente figura de ‘investigadores privados’. Fuentes solventes indicaron a Cambio16 que la red tejida por Alpuseprot contaba con casi 30 colaboradores. Mayoritariamente trabajaban como conserjes y controladores en ferias, eventos y extraños ‘servicios especiales’.   

Efectivos del Grupo 1º-UDEV del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en La Línea montaron un discreto operativo. Accedieron a la sede de Alpuseprot y detuvieron a C.D.O.R. y a su pareja, A.R.O., que atendían un próspero negocio aunque cargado de irregularidades. Los  policías se sorprendieron con lo incautado: innumerables títulos, carnets, placas full (las que plagian insignias policiales), material docente, etc… Liberado, con cargos, sólo uno de los detenidos, poco después se borraron en Internet enlaces, blogs y portales donde vendían cursos de criminalística, títulos y placas-cartera de ‘investigador privado’ emitidos por la Asociación Andaluza de Investigadores Privados (AAIP). Tal entidad habría vendido cientos de carnets, diplomas y ficticias licencias de una profesión, la de investigador privado, inexistente en España.

Fuentes policiales indicaron a Cambio16 que más documentación de la AAIP apareció en redadas que realizaron inspectores del CNP en Jerez y Cádiz a finales de 2011. Otras fuentes indican que la Junta de Andalucía, como cualquier otra autonomía española, legaliza cualquier entidad supuestamente profesional que cumpla requisitos administrativos. Nada se comprueba no obstante. Es un despropósito que la AAIP actúe como emisora de licencias ‘oficiales’ de un oficio asimilado notoriamente a los detectives. 
 
Huele peor que la AAIP jamás celebre asambleas, ni imparta cursos, ni se conozca su ‘centro de formación’. Su único fin sería vender placas-cartera, títulos y cursos a precios de platino, insinuando a los compradores que pueden ejercer una profesión supuestamente legal aunque, repetimos, es inexistente. Los detectives legales tienen licencia del Ministerio del Interior para trabajar tras superar una diplomatura universitaria y otros requisitos. Muy sorprendente resultó a funcionarios judiciales y policiales que la AAIP use emblemas del Estado español (bandera, escudo…) y no los de la autonomía andaluza. La pareja ligada al virtual colectivo ocultaría archivos manuales e informáticos de clientes, casos realizados y facturación pues la policía no accedió a su domicilio privado u otras sedes que tendría la AAIP.

Fuentes autorizadas consultadas por Cambio16 corroboran que se presentarán cargos a los encartados por falsedad, estafa, usurpación de funciones, fraude, intrusismo y contra la intimidad. La documentación incautada no descarta cómplices, clientes, colaboradores y víctimas de esta trama con dimensión internacional, como veremos.     

Exespía y ‘superdetective’

El texto del título de miembro de la AAIP reparte perlas. Inserta emblema del Estado español y sitúa en Madrid la expedición del diploma. Establece paralelismos con lo policial y oficial la condición de ‘investigador privado’. Hay más. Exige un condicionante de aptitud: obtener diploma en ‘Inteligencia Privada’ por Drakonx Academy de los Estados Unidos.

Los ‘diplomados’, sin embargo, jamás se examinaron allende el Atlántico, ni superaron prueba alguna en el virtual ‘Centro de Formación’ de la AAIP. Así concurren los testimonios captados al respecto. ‘Drakonx’ es popular entre Torrentes que se creen detectives sin estudiar y previo pago de casi mil dólares. Es una agencia de detectives y ‘Academy’: oferta cursos que avalan en su web con crónicas de prestigiosos medios informativos norteamericanos. Sus enlaces, no obstante, son virtuales. ‘Drakonx’ es una persona. El cubano Fernando Álvarez. Posa para sus adeptos cual estrella, modalidad ‘superdetective’ en la red. El caribeño vende cursos a ingenuos que adoran el oficio del detective.

Formado como agente de la Inteligencia castrista en la extinta URSS, Álvarez se ‘exilió’ en Argentina cuando corría el 2001. Allí fue cobrador de morosos extrajudicial, sospechándose su metodología. Perseguido por su pasado como esbirro de los Castro, llega a Estados Unidos en 2005. Desde entonces sueña con una red mundial de detectives. Dice liderarla desde suburbios de Los Ángeles y Miami. Pero se sabe que Drakonx no pasa de investigar infidelidades y que Álvarez vende un bluf con hábil labia.

Sus intentos de ser ‘superdetective’ resultaron vanos en España. Contactó con agencias serias del mercado español para vender sus curso y consolidar su ‘network’, pero nadie creyó sus fantasías. Como el dinero fácil mueve al exespía, llegó a Cádiz avalando el curso que exige la AAIP para ‘licenciarse’. ¿O fue engañado? Álvarez tiene más ‘alumnos’ en África y Asia. Es ubicuo. 

En el número 2.098 (páginas 44-47) de Cambio16, el firmante reportó dos operaciones policiales en Sevilla que desmantelaron a estafadores que usaban togas y credenciales judiciales. También, y en primicia, a una agencia de detectives pirata que vendía títulos y placas del inexistente ‘Perito Judicial de Investigación’. Ahora es Cádiz donde se desmantelaron tres agencias de más impostores, esta vez disfrazados como ‘investigadores privados’. 

Existen numerosos colectivos de falsos ‘peritos judiciales’ con modalidades mercantil, forense, laboral, inmobiliaria, grafóloga o criminalista que venden títulos y ‘placas full’. Insinúan ‘licencias’ para funciones asimiladas a los detectives legales, considerados peritos en temas de conducta, según reitera la jurisprudencia en la materia.

Aunque la mayoría de ‘compradores’ de estos títulos y placas no pasa de enmarcar el diploma o mostrar la insignia parapolicial a amigos para presumir, no son pocos los que montan ‘agencia’ donde estafan clientes con oficialidad ficticia. La crisis multiplica el ingenio de los timadores.

La realidad informa que los detectives españoles con licencia, colectivo que aglutina a casi 3.000 titulares y da empleo a casi 5.000 personas, es un gremio huérfano, ninguneado, por los poderes públicos. Aparcados ‘por razones de urgencia’ en LSP de 1993 junto a vigilantes sobreviven como pequeños empresarios, autónomos o dependientes de otros colegas.

A juicio de expertos jurídicos, estos profesionales independientes deberían ser regulados por una ley o decreto específico como abogados, profesionales sanitarios, gestores, procuradores… Fragmentados en asociaciones de minoritaria afiliación, sus dirigentes son alérgicos a la autocrítica y a trabajar en equipo por personalismos. En Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia hay colegios de detectives que, con Ley Ómnibus en vigor, luchan por sobrevivir al ser de afiliación obligatoria. 

Pagar las infracciones

Los intrusos de tan legendario oficio lo tienen, pues, fácil. Son perseguidos con multas que viola la LSP. Son instadas por funcionarios de la policía, colegios o el voluntarismo de la APDPE, presidida por Eva Grueso. Estadísticamente, las sanciones difícilmente se notifican. Sus destinatarios son curtidos del engaño. De lograrse, se marean años en contenciosos y raramente se pagan las infracciones al declararse insolventes los multados.

Los dirigentes colegiales y la APDPE repiten que sus afiliados son los mejor formados del mundo. En efecto, es obligado ultimar tres cursos universitarios y requisitos similares de acceso a la función pública. Sin embargo, se oculta que cientos de licencias las convalidaron exauxiliares sin examen o se logran en un año tras cursos-puente en ciertas universidades que ‘regalan’ títulos propios a estudiantes con la cartera abultada.

En el negocio hay catedráticos de Derecho Penal, profesores universitarios y empresarios docentes que homologaron academias, dentro y fuera de universidades públicas y privadas. Además, pasean algunas tardes a detectives por las aulas para justificar el chiringuito. Algunos de estos profesores hasta pagan para captar becarios eternos. Todos suman y siguen.

Paradójicamente, en casi ningún centro homologado, universitario o no, hay detectives en plantilla como docentes. La geografía académica del estudiante de investigador español también localiza más universidades que no permiten estos chollos de factura endogámica. Todo debe decirse. 

No es menos cierto que cuando alguien (particulares, empresas, abogados) precisa un detective profesional lo encuentra fácilmente. Aunque proliferan los virtuales [sin agencia real] en Internet, es recomendable exigir licencia en agencia física, real y registrada por el Ministerio del Interior-CNP. Debe quedar claro en contrato un presupuesto final y adelanto pactado. La licencia sólo da derecho a intentar buscar la verdad, nunca a ganar a priori el pleito o localizar tesoros informativos que se adornan con palarería o folios. El de detective es contrato de medios que alquila servicios profesionales.

Si se contrata al detective adecuado, no es raro llegar a la verdad para ganar un pleito, escurrir responsabilidades, pactar acuerdo antes irreconciliable, despejar interrogantes o satisfacer la curiosidad; los investigadores privados serios son muy rentables para lo que se invierte.

La validez de sus informes y la bondad probatoria la avalan la jurisprudencia del Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. Cientos de detectives concurren a juicio como peritos, nombrados previamente por juzgadores. Los sabuesos de carne y hueso españoles nada envidian a sus colegas literarios o del cine. Son de ley. Y tienen quien les escriba.        
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1 Comentario
Jordi
Fecha: Lunes, 26 de marzo de 2012 a las 16:03
Visca el barsa
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