Se ha iniciado una polémica en España sobre si la Iglesia Católica tiene que pagar, o no, unos impuestos respecto a los cuales hasta ahora estaba exonerada. Personalmente, no me parece un debate ni oportuno ni eficaz, sino que es más bien estéril y demagógico, que tiene más apariencia de ser una cortina de humo para esconder otros problemas más graves, de cariz económico y financiero que tenemos todos. Y es que se cuestiona, por parte de algunas tendencias políticas, el no pago del IBI de determinados edificios afectos al culto, a servicios sociales, hospitalarios y otros edificios de la Iglesia o de órdenes e institutos religiosos que, hasta hoy, no tienen obligación legal de pagar de acuerdo con la legalidad vigente conocida como Concordato.