El primer informe global de ONU Mujer, que bajo el titulo ‘El progreso de las mujeres en el mundo’ fue presentado por su directora, Michelle Bachelet, en Nueva York, ofrece una revisión integral y global de los derechos jurídicos de las mujeres en todo el mundo.

En 1911, las mujeres tenían derecho a voto en solo dos países. Un siglo después, ese derecho es casi universal

y las mujeres tienen más influencia que nunca en la toma de decisiones. Actualmente,186 países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Sin embargo, el informe destaca el hecho de que la justicia como derecho sigue siendo inaccesible para millones de mujeres en el mundo, y se insta a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para erradicar esta injusticia. Aunque la igualdad entre mujeres y hombres está constatada en constituciones de 139 países, la falta de leyes adecuadas y de presupuestos para las mismas convierten estas garantías en promesas vacías que tienen poco impacto en la vida diaria de cada mujer, principalmente por la falta de voluntad política. Las leyes deben redactarse de una manera clara, ser de obligado cumplimiento, y con mecanismos que posibiliten la rendición de

cuentas. En el informe se habla de que, en 45 países, las leyes sobre violencia de género en el ámbito

privado incluyen garantías de asistencia jurídica gratuita para las mujeres.

En Nepal, las exenciones fiscales en el traspaso de tierras han garantizado la aplicación de leyes de igualdad en derechos de herencia, lo que permitió a las mujeres triplicar su propiedad. En Suecia, los “meses de papá” no transferibles han aumentado el interés por la licencia de paternidad, situación que ayuda a abordar la brecha de

género en materia salarial. El estudio muestra que los sistemas legales y judiciales que son efectivos pueden convertirse en mecanismos vitales para la consolidación de los derechos de las mujeres. Se presentan

diez recomendaciones para que los sistemas de justicia funcionen.

Se ha comprobado también que, en los lugares donde se han aplicado, ha aumentado el acceso de las mujeres

a la justicia y se ha promovido la igualdad. Los tribunales de justicia han sido el lugar principal donde las mujeres han exigido la reivindicación de sus derechos y donde se han sentado los precedentes legales que han beneficiado a muchas mujeres. Pero lo que está claro es que de nada nos sirven las leyes ni las normas si quienes las aplican o de quienes depende su aplicación no tienen ninguna voluntad a la hora de hacerlo. Mientras

los jueces sigan teniendo total impunidad a la hora de dictar sentencias condicionadas y atravesadas por una mentalidad sexista o machista y sea interpretada la violencia contra las mujeres como un delito menor, las mujeres  seguiremos estando en la periferia del ejercicio de los derechos, en la periferia de los sistemas políticos y, por supuesto, en la periferia de las democracias del mundo. El informe deja claro que si queremos fortalecer el

Estado de derecho hay que invertir en asistencia jurídica, pero enfocada a la iguadad de género. Y destaca como fundamental el trabajo conjunto de los gobiernos con la sociedad civil, específicamente con los movimientos de mujeres que han impulsado avances claves en el derecho internacional a lo largo de todos estos años, como por ejemplo la creación en 1993 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, donde se reconoce la violación

como crimen de lesa humanidad. En 2000, la resolucion 1.325 de la ONU reconoce el papel de las mujeres en la construcción de la paz. En 2002, el Estatuto de Roma codificó todo un grupo de delitos sexuales como crímenes internacionales.

Y en 2008, la resolucion 1.820 de la ONU insto a la aplicación de medidas para evitar y combatir la violencia sexual como elemento fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.