En 2008, la Plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género que presido, en una de sus acciones en Cisjordania, trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y más tarde a Naciones Unidas un extenso informe sobre la situación de las presas palestinas en las cárceles israelíes.

En estos días, y tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para liberar al sol­dado israelí Gilad Shalit a cambio de la inminente liberación de un millar de presos palestinos, reivin­dicamos que el canje contemple la total liberación de las mujeres pre­sas palestinas. Y esperamos que no suceda lo que ha ocurrido en otros tiempos, donde se anunciaba a bombo y platillo la liberación de presos palestinos por parte de Israel y lo único que se hacía era meter en este saco a todos los presos que habían cumplido ‘condena’ o esta­ban a punto de cumplirla, algo que denunció en muchas ocasiones la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El líder del movimiento is­lamista Hamás, Jaled Meshal, con quien nos reunimos en Damasco en enero de 2009 para trasladarle el mismo informe y pedirle que se priorizara la liberación de las muje­res presas, ha confirmado el pacto y ha afirmado que, de los 1.027 de­tenidos palestinos que serán libera­dos, 27 son mujeres.

La situación de las mujeres pre­sas es especialmente grave ya que la mayoría sufre el limbo jurídico a la espera de juicios. La mayoría de ellas sufre ‘prisión administrativa’, lo que significa que, sin ningún de­lito demostrado, “si te consideran una persona peligrosa para el Esta­do puedes entrar en prisión sin nin­gún tipo de prueba”. Son mujeres que están sufriendo la violación de sus derechos, abusos físicos, psico­lógicos y sexuales. El encarcela­miento de las mujeres palestinas supone un daño irreversible, en la mayoría de casos, al proyecto de vi­da de estas mujeres, pero también una acción que las convierte en víctimas de un proceso judicial que las niega como sujetos de derecho y las estigmatiza a la hora de vol­ver a sus hogares, comunidades, centros de trabajo, a su vida ante­rior. Asimismo, el daño personal y colectivo a las mujeres, en cual­quiera de los aspectos, supone un deterioro en el proceso de reconci­liación de los pueblos sobre la base de una paz justa. La violencia sobre las mujeres es utilizada como casti­go colectivo y expresión de domi­nio, y como un instrumento bélico más para generar el terror. Por lo tanto, se trata de crímenes de gue­rra, crímenes de lesa humanidad, considerados por la jurisprudencia internacional como equivalentes al genocidio y la tortura. En los países en conflicto, estos crímenes ocu­rren en el marco de las estrategias militares, y dentro de la categoría de los excesos. Es, por tanto, una violencia que los contendientes tienden a callar, los unos y los otros. Pero, dentro de las fuerzas estatales, las mujeres no sólo han sido usadas y abusadas por los ejér­citos formales, lo han sido también por procesos judiciales arbitrarios que las victimizan desde otros fren­tes: un ejemplo claro es la ya men­cionada prisión administrativa, que constituye una práctica contraria a las normas internacionales de dere­chos humanos y que frecuentemen­te obvia que “toda persona privada de libertad será tratada humana­mente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

En 2010, durante la reunión que mantuvimos en Ramalla con el ministro para Asuntos de los Prisio­neros de la ANP, Issa Karaka, nos dio los datos de que más de 7.000 presos permanecían en las 21 cár­celes israelíes y, de esta población reclusa, unas 120 eran mujeres y 300 menores de edad. Pero en la cuestión que más hincapié hicimos fue en la situación de las mujeres embarazadas que paren en prisión esposadas de pies y manos y a las que se les niega el derecho a ver a sus hijos recién nacidos. Por eso, hoy, desde esta página pido la libe­ración de todas las mujeres presas palestinas y exijo que en nuestros cuerpos y en nuestros pueblos, no más violencia.