A raíz de las movilizaciones populares en países de mayoría árabe y musulmana, se han vivido una amalgama de acciones ciudadanas de calado pacífico, cuyas protagonistas más destacadas han sido, sin duda alguna, las mujeres. Movidas por inquietudes cívicas y políticas, e incluso para algunas religiosas, ellas han venido a reclamar un espacio legítimo ante el diseño de los nuevos Estados que se tendrán que configurar.

Pero la pregunta que subyace en las conciencias globales es: ¿y ahora qué? ¿qué supone la declaración de Estados islámicos? Y la cuestión que va más allá: ¿en qué posición quedarán las mujeres? Obviando cuestiones más relevantes como la connivencia de los gobiernos europeos en la interlocución constante con aquellos líderes que se han caracterizado por su rancia misoginia.

Sobra decir a estas alturas que en algunos de estos países el reclamo se ha dirigido hacia la definición de Estados laicos, donde la confesionalidad quedará (o debería quedar) relegada al ámbito de la esfera privada del individuo. En otros, como es el caso de Libia, la declaración de Mustafá Abdul Yalil, jefe del Consejo Nacional de Transición libio, recogió su opinión acerca de que la sharia sería la principal fuente de legislación en el nuevo Estado que se debe crear. Sin duda alguna, esta afirmación no ha hecho sino levantar todo tipo de preocupaciones para quienes siguen viendo el islam como un todo unívoco, simplificado y base a una lectura plana y fundamentalista de la realidad.

Personalmente, considero que no debería de suscitar mayor problema que un Estado se constituyese con un carácter islámico. La originaria Medina, considerada como la primera ciudad islámica, promovió una liberación absoluta del ser humano (y también de las mujeres en igualdad de condiciones). Hoy en día, el análisis de algunas sociedades se sigue realizando en base a la aplicación de una sharia inexistente, obviando que el resultado de lo que lleva a cabo es el Fiq, jurisprudencia basada en textos sagrados con indicaciones morales (no jurídicas). Por lo tanto, el problema no es en sí que se declare un Estado como islámico, sino qué interpretaciones de los textos sagrados se aplicarán para componer la nueva legislación.

Si los nuevos Estados que se van a proclamar lo hacen en base a una visión islámica, deberían tomar como base el respeto al principio de igualdad y justicia de género inherente a la revelación coránica, no tendría por qué existir mayor alarma. La preocupación radicaría en la existencia de una injerencia del sistema patriarcal en la manera en cómo se crean y aplican esas leyes y, para eso, no es preciso que el hecho religioso entre en escena.